Hacia un pacto regional para la política criminal y penitenciaria

La comunidad internacional lleva años reflexionando sobre cómo abordar las políticas criminales y penitenciarias de forma más efectiva en un contexto donde la saturación de las cárceles y los impactos del encarcelamiento en las personas y las comunidades hacen necesario la búsqueda de una mayor proporcionalidad e implementación de alternatividad penal en el diseño de la respuesta punitiva. Los datos son claros. Según UNODC, desde 2000, la población privada de la libertad ha aumentado más de 25% llegando a alcanzar más de 11 millones de personas, con un preocupante aumento de las mujeres encarceladas por dicho delito, en especial en las Américas.

Por todo esto el programa de cooperación europeo COPOLAD III organizó del 16 al 18 de octubre en San José, Costa Rica, un Taller de trabajo regional, para abordar la construcción de un Pacto regional para una política criminal en materia de drogas basada en la proporcionalidad y la alternatividad penal con la finalidad de diseñar una política penal y penitenciaria más humanizada y por otro lado un Taller Nacional para el impulso de un Protocolo para mujeres en conflicto con los delitos de drogas, relacionados con el artículo 77 bis del Código Penal (referido a mujeres que entran en centros penales como transportistas de sustancias ilegales).

“La política criminal en materia de tráfico de drogas ha estado caracterizada por una maximalización del Derecho penal. Las políticas criminales y penitenciarias de drogas se han visto endurecidas en los últimos años por la falta de proporcionalidad en el tratamiento de estos delitos, el uso excesivo de la prisión preventiva, y una clara apuesta de la prisión como principal estrategia punitiva en el que la alternatividad penal se ha reducido significativamente.

Por ello, el principio de proporcionalidad es, sin duda alguna, uno de los principios penales que más proyección tiene en la creación de una nueva racionalidad en materia de tráfico de drogas. Y lo mismo ocurre con la alternatividad penal”, afirma Beatriz López, experta de COPOLAD en la temática.

Participantes

En el evento participaron Eixleine Sánchez, viceministro de Justicia y Paz, diversos representantes del Poder Judicial, como el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro, Rector de la Justicia Restaurativa, Heldren Solórzano, directora adjunta del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), Oswaldo Aguirre, director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la Delegación de la UE en Costa Rica así como Peggy Martinello, de la institución líder del Programa COPOLAD III, FIIAPP.

En lo que respecta a los actores regionales, participaron en el intercambio Cherlyl St. Louis, directora de la Agencia Nacional de Drogas de Trinidad y Tobago, Julietta Pellegrino, asesora de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia en Argentina, Carolina López, subdirectora del Centro de Inserción Social Victoria Kent, del Ministerio de Interior (España) Maria Lorena Segovia, Defensora General de Paraguay, Américo Gegaloto, representante de Portugal desde las instituciones de prevención y Fabián Rossano, de la Dirección Nacional de Libertad Asistida de Uruguay así como diversos expertos y expertas de las áreas relacionadas con la temática en Costa Rica.