¿Crece el narcomenudeo en México o se está persiguiendo más al consumidor?

Compartimos un fragmento del artículo publicado en Milenio.com sobre el incremento del narcomenudeo en México, donde se recogen las opiniones de Zara Snapp, directora del instituto RIA, y Jorge Luis Amaya Lule, coordinador de investigación y análisis criminal de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Para Zara Snapp, directora del Instituto RIA, que realiza incidencia en políticas públicas, es importante la concepción misma del delito de narcomenudeo, que proviene de la reforma a la Ley General de Salud de 2009, en la que se intentó hacer una distinción entre las personas usuarias y las que venden alguna droga.

Si se compra más de esa cantidad, ya se considera narcomenudeo. Por ello critica que la autoridad no persiga a quienes forman parte del negocio, sino a las personas consumidoras. Asegura que más del 60 por ciento son casos de posesión simple.

Amaya Lule reitera que estos datos confirman el fracaso de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico, pues no solo ha crecido el mercado criminal, sino también los asesinatos, las desapariciones y la tortura.

Amaya Lule señala que las personas narcomenudistas no son los grandes capos del crimen, sino que más bien suelen habitar en barrios populares y su condición económica es precaria. La estigmatización, enfatiza, viene de una línea narrativa creada con la Guerra contra las Drogas emprendida en Estados Unidos en los años setenta por Richard Nixon.

En ese entonces, se persiguió a poblaciones negras y latinas, rememora Amaya.

Esa estigmatización, adaptada a nuestras circunstancias y a los segmentos socioeconómicos menos favorecidos, se ha replicado en México bajo criterios punitivos, explica el especialista, quien ejemplifica: los comunicados de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) refieren detenciones y aseguramientos, “lo cual en realidad no es un indicador de éxito” del combate al problema.

Cuenta que la Comisión Mexicana efectuó, de 2006 a la fecha, un análisis de los comunicados de prensa que emitía Sedena en los que se mencionaba asesinatos o detenciones de personas vinculadas a un grupo del crimen organizado.

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