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UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha dado a conocer este viernes coincidiendo con el Día Internacional de la Reducción de Daños, que se conmemora cada 7 de mayo, el estudio titulado ‘Reducción de daños en el siglo XXI. Fase I Diagnóstico’.
El objetivo de este es describir las necesidades actuales de los servicios y programas de reducción de daños en España, así como poner de manifiesto los diferentes aspectos de mejora que se necesitan para adaptar la reducción de daños a las características de los nuevos consumos.
Para llevarlo a cabo se ha utilizado una metodología cualitativa y descriptiva basada en una población diana representada por personas que utilizan actualmente los servicios y programas de reducción de daños.
Entre las principales conclusiones del estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, destaca la importancia de impulsar políticas, programas y estrategias de reducción de daños que tengan un enfoque de derechos y justicia social y que permitan reducir el estigma de las personas que consumen en esta situación. Asimismo, se evidencia la necesidad de invertir en ellos para paliar los efectos negativos sobre la salud pública.
En este sentido, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, ha explicado que la reducción de daños se basa en la restauración de derechos de las personas que utilizan sustancias para evitar muertes tempranas y mejorar sus condiciones sociales y de salud. “El objetivo aquí no es otro que minimizar los daños asociados al consumo sin necesariamente reducirlo o eliminarlo”, ha asegurado.
Asimismo, ha subrayado que estas estrategias van dirigidas a paliar los perjuicios de las personas que consumen, ya que aumentan el número de prácticas seguras y disminuye el riesgo de trasmisión de enfermedades, promoviendo una serie de recomendaciones que tienen como objetivo garantizar los derechos humanos fundamentales incorporando los diferentes ejes de vulnerabilidad que atraviesan estas personas.
CONCLUSIONES
Entre las conclusiones destaca el impacto histórico del modelo punitivo el cual ha contribuido a la construcción del imaginario social de la persona usuaria como delincuente, enferma y responsable de su propia situación. Además, la investigación alienta a la incorporación del modelo de justicia social con especial énfasis en el enfoque de interseccionalidad y señala como esencial tener en cuenta las opresiones y vulnerabilidades relacionadas con los diferentes ejes de desigualdad (sexo-género, edad, raza, país de origen…).
El documento también muestra que la reducción de daños debe tener en cuenta la salud para atender y acompañar; la vivienda debido al incremento de las personas que utilizan sustancias en situación de sinhogarismo; el plano afectivo para tratar las desigualdades; y las violencias, ya que las personas usuarias son víctimas de múltiples de ellas.
Asimismo, se expone la grave desigualdad en la distribución de recursos entre territorios urbanos y rurales y se expone la necesidad de elaborar un mapa de recursos estatal de reducción de daños, inexistente en la actualidad, así como la importancia de reducir el asistencialismo y promover redes de apoyo comunitarios y cuidados colectivos.
El trabajo aborda también las características de las personas usuarias de sustancias, el patrón de consumo y el contexto social donde se enmarcan.
Las personas interesadas en consultar el documento completo pueden hacerlo aquí.
Leer el artículo completo en unad.org
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